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Alberto Fujimori apela al Tribunal Constitucional para evitar arresto domiciliario en el Caso Pativilca

La defensa del expresidente busca ampararse en la reciente resolución del TC para evitar que Fujimori afronte el juicio oral bajo arresto domiciliario en el marco del caso Pativilca.

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En una audiencia ante el juez Litman Ramírez del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional, el abogado Elio Riera, defensor del expresidente Alberto Fujimori, presentó una apelación basada en la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) para evitar que su cliente afronte el juicio oral en el Caso «Pativilca» bajo arresto domiciliario.

El fiscal del caso, Eloy Acaro López, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, había solicitado 18 meses de detención domiciliaria para Fujimori, argumentando el peligro de fuga. Sin embargo, la defensa busca respaldo en la decisión del TC, que restituyó los efectos del indulto humanitario y derecho de gracia otorgados anteriormente.

Durante la audiencia, el exmandatario, sentenciado y posteriormente indultado, solicitó que se mantenga su condición de comparecencia simple en este proceso. La Fiscalía acusa a Fujimori como autor mediato del delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía, delito considerado como lesa humanidad.

La tesis incriminatoria sostiene que, durante su presidencia, Fujimori aprobó una política de lucha antiterrorista, desarrollada por su exasesor Vladimiro Montesinos, que incluía la captura y asesinato de presuntos elementos terroristas. La política se ejecutó bajo una línea jerarquizada que llegó hasta el Destacamento Colina, y uno de los operativos mencionados tuvo lugar el 28 de enero de 1992, en la pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca (Barranca), donde seis comuneros fueron secuestrados y asesinados.

Las víctimas, Jhon Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique, son el foco de las acusaciones.

En la audiencia, el fiscal Acaro López argumentó que, en la actualidad, Fujimori no tiene ninguna medida coercitiva que garantice su vinculación al proceso y evite riesgos de fuga. Alegó que se cumplen los requisitos para variar la medida de comparecencia simple por la de prisión preventiva, pero, dada la edad del acusado, solicita que sea sustituida por un arresto domiciliario.

La defensa rechazó la solicitud fiscal, argumentando que no existen elementos nuevos y que la resolución del TC, emitida en 2022, ya había restituido los efectos del indulto humanitario y derecho de gracia.

El fiscal presentó diversos hechos para acreditar el peligro de fuga, incluyendo la falta de explicación sobre la propiedad en San Borja registrada por Fujimori en el Reniec, la ausencia de arraigo familiar y laboral, y la activación de su pasaporte. La defensa refutó estos argumentos, indicando que la dirección registrada corresponde a la residencia actual de Fujimori, que vive con su hija Keiko Fujimori, y que el exmandatario no ha activado su pasaporte, como alega el fiscal.

La decisión sobre el pedido de detención domiciliaria ahora está en manos del juez Litman Ramírez, quien deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes en esta audiencia. La defensa insiste en que la aplicación de la resolución del TC es fundamental para la decisión final.

Redacción Salmón

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