El gobierno chino ha lanzado una investigación antimonopolio contra Google, lo que marca un escalón más en la creciente fricción económica con Estados Unidos. La medida, anunciada por la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) de China, se centra en el presunto abuso de posición dominante de Google en el mercado global de sistemas operativos móviles y publicidad digital, a pesar de que la empresa no opera directamente en el país desde su salida en 2010.
Aunque Google mantiene una presencia limitada en China, particularmente a través de relaciones comerciales con fabricantes de teléfonos inteligentes y desarrolladores de aplicaciones locales, los reguladores chinos sostienen que las prácticas de la compañía podrían afectar negativamente a las empresas chinas, especialmente en mercados internacionales.
La investigación se enfoca en tres áreas clave: el sistema operativo Android de Google, sus políticas en el ámbito de la publicidad digital a nivel global y el impacto de su plataforma en el mercado de aplicaciones móviles. Según las autoridades chinas, estas prácticas podrían perjudicar a los competidores nacionales, que luchan por acceder a mercados extranjeros debido a las restricciones impuestas por Google.
Esta investigación no se limita a Google. El gobierno de Pekín también ha puesto el ojo en otras grandes empresas estadounidenses, como PVH Group (dueña de marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger) e Illumina, una firma de biotecnología. Ambas han sido incluidas en la lista de «entidades no confiables» de China, lo que podría resultar en limitaciones severas para sus operaciones en el territorio chino.
Michael Chen, director del Asia Group, destacó en conversación con la agencia AP que el gobierno chino parece estar intensificando las presiones sobre las empresas estadounidenses, tomando represalias por las políticas comerciales implementadas por la administración de Donald Trump, especialmente en sectores clave como tecnología y biotecnología.
Además, China ha anunciado la implementación de aranceles de entre 10% y 15% sobre productos provenientes de Estados Unidos, lo que representa una medida más dentro de su estrategia para contrarrestar las políticas comerciales agresivas de Washington.
