Las empresas privadas ya no estarán limitadas a financiar obras de infraestructura para recuperar impuestos. Desde ahora también podrán ejecutar servicios públicos prioritarios mediante la nueva modalidad Servicios por Impuestos, una herramienta presentada por ProInversión para acelerar la atención en sectores como salud, educación, vivienda y saneamiento.
El cambio marca una ampliación importante del conocido esquema de Obras por Impuestos. La novedad es que ya no solo se podrán impulsar proyectos físicos, sino también intervenciones concretas orientadas a cerrar brechas urgentes en zonas rurales, de frontera o declaradas en emergencia. Según ProInversión, el nuevo reglamento incorpora expresamente esta posibilidad y amplía el alcance del mecanismo.
Uno de los puntos más relevantes es el frente tributario. Hasta ahora, el sistema estaba vinculado principalmente al Impuesto a la Renta, pero la nueva modalidad permitirá que las empresas recuperen su inversión usando también el IGV y otros tributos administrados por el Estado, lo que amplía el universo de compañías que pueden participar. Esa es una de las principales novedades destacadas por ProInversión en la presentación del mecanismo.
El funcionamiento mantiene la lógica general de Obras por Impuestos: una empresa financia y ejecuta una intervención priorizada por una entidad pública y luego recupera ese monto mediante los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o los Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN), que pueden aplicarse al pago de impuestos. La diferencia es que ahora ese financiamiento también podrá dirigirse a servicios públicos esenciales, siempre dentro de intervenciones focalizadas y temporales.
La primera cartera presentada por ProInversión apunta a sectores sensibles. En salud, se han identificado intervenciones ligadas a la prevención y tratamiento de la anemia, la lucha contra el dengue y otras arbovirosis, la atención oncológica, la salud materno-neonatal y la salud digital.
Entre las acciones priorizadas aparecen servicios de nebulización contra el dengue, atención especializada para pacientes febriles, campañas de detección temprana de cáncer y programas para elevar la cobertura de prevención y tratamiento de la anemia. El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, también señaló que podrían financiarse servicios de traslado de pacientes y atención oncológica en regiones con acceso limitado a servicios especializados.
En educación, la nueva modalidad permitirá financiar acciones para mejorar la seguridad y las condiciones de aprendizaje en miles de colegios ubicados en zonas vulnerables. Entre ellas figuran la demolición parcial de estructuras en riesgo de colapso, la instalación de sistemas provisionales para garantizar la continuidad de clases, la mejora del servicio eléctrico y el acondicionamiento térmico en zonas afectadas por friaje y heladas. ProInversión reportó que el Ministerio de Educación priorizó estas acciones en un contexto donde más de 50 mil locales educativos están en zonas rurales, de frontera o declaradas en emergencia, y donde apenas 7% ha cerrado su brecha de infraestructura.
En vivienda y saneamiento, se priorizaron dos servicios para atender necesidades inmediatas: un diagnóstico integral de agua y saneamiento para identificar fuentes, calidad del agua y requerimientos de inversión, y el abastecimiento temporal de agua potable mediante camiones cisterna u otras modalidades mientras se ejecutan soluciones permanentes.
La modalidad también abre espacio para financiar servicios vinculados al ordenamiento territorial, como catastros actualizados y planes de desarrollo urbano, instrumentos que hoy muchas municipalidades no tienen y que resultan clave para mejorar la planificación de las ciudades. Ese punto fue mencionado por Luis del Carpio como una de las aplicaciones más útiles del nuevo esquema.
El lanzamiento de Servicios por Impuestos llega en un momento de fuerte expansión de Obras por Impuestos. ProInversión informó a fines de marzo que el mecanismo ya había superado los S/ 2,000 millones adjudicados en el primer trimestre y, según cifras difundidas en junio por el MEF, la capacidad de financiamiento para proyectos bajo este sistema sigue creciendo de manera sostenida.
Con esta nueva modalidad, el Estado busca atraer a más empresas de distintos tamaños y convertir sus pagos tributarios en una vía más rápida para financiar servicios públicos donde la urgencia social es mayor.
