La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) exigió al Gobierno explicar la entrega de la administración de la Refinería de Talara al sector privado, tras revelarse un saldo contable positivo de 144,9 millones de dólares al cierre de septiembre de 2026. El pronunciamiento demanda la intervención fiscalizadora del Congreso de la República y de la Contraloría General sobre las condiciones de endeudamiento del complejo refinador. Aparte de señalar la recuperación de ganancias operativas, el gremio también advirtió sobre la falta de sustento técnico para transferir la gestión del principal activo energético del país frente a las amenazas del fenómeno El Niño.
El desempeño económico de Petroperú mostró un resultado favorable de 144,9 millones de dólares frente al déficit de 355 millones registrado en el periodo previo, con un beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 654 millones. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó el 7 de noviembre que el Gobierno ha estabilizado Petroperú y que sus primeros resultados son prometedores. Además, proyectó el cierre de 2026 con números positivos para suprimir la dependencia de fondos fiscales. Ante estas declaraciones oficiales, FENPETROL cuestionó la insistencia estatal en otorgar la operación privada del complejo industrial norteño en plena recuperación productiva.
¿Cuál es la situación financiera y operativa de Talara?
El reporte patrimonial mantiene un capital de trabajo negativo de 1.364,6 millones de dólares que condiciona el flujo regular de operaciones. La gerencia corporativa admitió que las restricciones de liquidez limitaron las compras de petróleo crudo, el ritmo de refinación y el volumen de colocaciones comerciales. Ante este escenario, FENPETROL demandó investigar si los cronogramas definidos por ProInversión demoraron el acceso a capital para adquirir materia prima en el mercado.
La organización sindical argumenta que la refinería constituye un complejo industrial integrado dotado con tecnología Flexicoking, cuya estructura operativa demanda criterios técnicos en lugar de un tratamiento equivalente a una venta inmobiliaria corriente. Más que una concesión sin detalles contractuales, el gremio reclama transparentar el manejo de pasivos, la rentabilidad esperada y el régimen de reservas de combustibles para evitar desabastecimientos ante desastres naturales.
¿Qué operaciones de financiamiento exigen auditoría pública?
Los informes de ProInversión detallan la adjudicación de dos propiedades por 1,18 millones de dólares en conjunto: el chalet Paillardelle, situado en el distrito limeño de San Isidro, y el antiguo Petrocentro Cañete. El gremio exige un reporte contable sobre el ingreso real de estas ventas a las cuentas operativas de la petrolera estatal, antes de avanzar hacia la división de áreas productivas.
Respecto a la línea crediticia de 500 millones de dólares gestionada por las entidades oficiales, el monto desembolsado llegó únicamente a 475 millones. Los representantes de FENPETROL solicitan exhibir los contratos, comprobantes y costos de comisiones que justifican la diferencia de 25 millones atribuida a gastos bancarios:
- Publicación de contratos completos, comisiones, honorarios y comprobantes del crédito puente.
- Fiscalización del destino del crédito: 57% para crudo y combustibles, 30% para deudas financieras y 13% para proveedores.
- Cronograma detallado de ejecución de pagos y saldos disponibles de la operación de endeudamiento.
- Apertura de las comunicaciones mantenidas con inversionistas y bonistas extranjeros respecto a la concesión de Talara.
- Determinación de las garantías y flujos de caja que asumirán los pasivos financieros vigentes.
¿Qué riesgos legales y de abastecimiento señala el gremio?
La dirigencia laboral solicitó indagar si los operadores de los lotes de Talara colocan crudo en mercados del exterior en perjuicio del suministro nacional, lo que forzaría compras externas de mayor cotización. Asimismo, expresaron su preocupación por el retardo del Tribunal Constitucional en emitir sentencia sobre la demanda contra el Decreto de Urgencia 010-2025, cuya votación concluyó en agosto. Según la federación, la vigencia de dicha norma facilita la venta encubierta de divisiones operativas hasta el 31 de diciembre de 2026 y perjudica la estabilidad de los trabajadores.
Ante las contradicciones públicas, los representantes sindicales demandaron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) establezcan una posición institucional conjunta que defienda el patrimonio público y garantice la seguridad energética del Perú.
