El Gobierno de Keiko Fujimori busca reducir a cero el costo de determinados servicios vinculados con la formalización de las micro y pequeñas empresas (mype) y simplificar los trámites necesarios para constituir y operar un negocio.
La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas por 120 días presentado ante el Congreso de la República y plantea modificar la Ley N.° 32353, Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa.
El Ejecutivo parte de un diagnóstico de alta informalidad y escasa movilidad empresarial. Según la propuesta, las mype representan el 99,1% de las empresas del país y generan cerca del 90% del empleo privado, pero una parte importante continúa fuera de la formalidad.
Formalización con menos costos y trámites
Entre las principales medidas figura promover la gratuidad de determinados servicios vinculados a la formalización, además de simplificar procedimientos y requisitos administrativos.
También se plantea ampliar la constitución de empresas en línea y reducir las cargas relacionadas con tiempos, costos y trámites.
La propuesta busca que la formalización facilite además el acceso a financiamiento, compras públicas, innovación, digitalización, asistencia empresarial y nuevos mercados.
Buscan modificar el régimen SACS
Uno de los puntos centrales del planteamiento es la reforma de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS).
Actualmente, constituir una SACS tiene un costo de S/18,70 y puede realizarse sin intervención de un notario. Sin embargo, este mecanismo ha tenido una utilización limitada.
Entre 2021 y diciembre de 2024 se registraron 5.298 sociedades SACS mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID) de Sunarp, lo que representa menos del 1% de las más de 770.000 empresas constituidas bajo otros regímenes societarios en ese periodo.
El Gobierno identifica entre las principales barreras la exigencia de firma digital, la escasa difusión del sistema y las limitaciones para realizar otros actos societarios de manera virtual.
Plantean alternativas a la firma digital
La propuesta busca permitir el uso de otros mecanismos tecnológicos alternativos a la firma digital para expresar el consentimiento de los participantes de una SACS, siempre que se garantice la seguridad jurídica.
También se plantea que actos como el nombramiento del gerente, modificaciones de estatutos, aumentos de capital, disolución y liquidación puedan realizarse mediante el SID de Sunarp y formatos electrónicos, sin necesidad de escritura pública notarial.
Asimismo, se busca permitir que microempresas con capital inferior a 4 UIT puedan utilizar estos mecanismos para constituirse bajo otras formas societarias.
Modernizarían la Ley General de Sociedades
El paquete también incluye cambios a la Ley General de Sociedades, vigente desde 1997, para adecuarla al uso de nuevas tecnologías.
Entre las medidas propuestas figura permitir publicaciones electrónicas a través del portal habilitado por el diario oficial El Peruano, regular el voto a distancia y facilitar que juntas de accionistas y sesiones de directorio se desarrollen de manera virtual.
También se plantea el uso de formatos electrónicos con firma digital para libros de actas y matrículas de acciones.
Más acceso a crédito, factoring y compras públicas
El Ejecutivo propone que la formalización esté acompañada de mecanismos que permitan a las mype acceder a financiamiento y nuevos mercados.
Entre ellos se encuentran mayores facilidades para participar en compras estatales, asistencia en digitalización e innovación, mecanismos de asociatividad y acceso al crédito mediante empresas financieras tecnológicas o fintech.
También se busca fortalecer el marco regulatorio del factoring, que se ha convertido en una fuente importante de capital de trabajo para las empresas pequeñas.
Durante 2025 se negociaron más de 2,07 millones de facturas negociables por S/52.057 millones, y las micro y pequeñas empresas representaron el 84,9% de las empresas que utilizaron este instrumento.
Banco de la Nación podría realizar factoring internacional
El paquete incluye además una propuesta para habilitar al Banco de la Nación a realizar operaciones de factoring internacional a favor de mype exportadoras.
Esto permitiría obtener liquidez mediante el financiamiento anticipado de derechos de cobro frente a compradores privados del extranjero.
La propuesta establece que estas operaciones deberán estar sujetas a criterios de elegibilidad, evaluación de contrapartes y mecanismos de mitigación de riesgos.
Informalidad sigue siendo elevada
El diagnóstico incluido en el pedido de facultades señala que en 2024 existían 5,48 millones de mype, de las cuales 2,34 millones eran formales y 3,14 millones permanecían en condición informal.
La informalidad también se refleja en el empleo. Según la información utilizada por el Ejecutivo, 82,3% del empleo generado por las mype era informal en 2024.
Además, el 95,7% de las microempresas permaneció en esa misma categoría entre 2015 y 2024, mientras que solo el 4% logró pasar a ser pequeña empresa.
Con estas medidas, el Gobierno busca que la formalización esté vinculada con mayores oportunidades de crecimiento, financiamiento, acceso a mercados y productividad.
La propuesta aún no está vigente. Su aplicación dependerá de que el Congreso apruebe las facultades legislativas solicitadas y de los decretos que posteriormente pueda emitir el Ejecutivo.
