Prestar una cuenta bancaria o una billetera digital puede tener consecuencias penales cuando estos medios se utilizan para recibir o transferir fondos obtenidos mediante extorsiones. Con el Decreto Legislativo N.° 1744, se incorporan sanciones dirigidas a quienes faciliten sus productos financieros para canalizar este dinero ilícito.
La medida busca intervenir en una parte clave de la actividad criminal: el movimiento de los recursos económicos. La disposición también eleva las penas por sicariato, secuestro y robo agravado, además de introducir sanciones relacionadas con la alteración de identificadores de armas y el acceso ilegal a sistemas informáticos.
Nuevas reglas para la defensa propia
El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el tratamiento penal de las personas que responden a una agresión para proteger su vida, la de terceros o sus bienes. Bajo el nuevo marco, se presumirá que la reacción fue racional, salvo que la Fiscalía demuestre lo contrario.
Otro cambio es la eliminación del criterio de proporcionalidad entre los medios utilizados por el agresor y por quien se defiende. Cuando se compruebe que existió legítima defensa, corresponderá disponer el archivo definitivo del caso. Además, las resoluciones judiciales que rechacen esta figura deberán contar con una fundamentación reforzada, pues de lo contrario podrán ser declaradas nulas.
Más consecuencias para las conductas vinculadas al delito
Las disposiciones también contemplan prisión efectiva para extranjeros expulsados que regresen irregularmente al país y refuerzan las sanciones por determinadas conductas relacionadas con armas de fuego.
En conjunto, los decretos introducen cambios en dos frentes: la persecución de actividades que sostienen económicamente a las organizaciones criminales y la evaluación legal de quienes actúan para defenderse de una agresión. Su aplicación definirá cómo se investigan estas conductas y qué consecuencias afrontan las personas involucradas.
