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Fiscalía despliega operativo anticorrupción en Gobierno Regional de Junín y propiedades ligadas a Zósimo Cárdenas

Durante el allanamiento, se han descubierto sumas significativas de dinero en las viviendas de algunos funcionarios regionales.

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La Fiscalía y la Policía Anticorrupción han llevado a cabo un contundente operativo de allanamiento al Gobierno Regional de Junín y 17 propiedades relacionadas con el gobernador Zósimo Cárdenas. Este mandatario está siendo investigado por supuestas irregularidades en la contratación de servicios de internet por un valor que supera los 78 mil soles, con una empresa que no cumplía con los requisitos mínimos para llevar a cabo el proceso.

El operativo abarcó 14 inmuebles en Huancayo y tres en Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. Según la investigación fiscal, Cárdenas y sus colaboradores habrían otorgado la adjudicación a la empresa Fast Net Perú EIRL por el mencionado monto, con el fin de proporcionar servicios de internet por fibra óptica durante nueve meses en la sede del Gobierno Regional de Junín. Sin embargo, esta empresa no cumplía con los criterios necesarios, lo que habría configurado presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.

Durante el allanamiento, se han descubierto sumas significativas de dinero en las viviendas de algunos funcionarios regionales. En la residencia de Manuel Maximiliano Ricapa, coordinador de Adquisiciones del Gobierno Regional de Junín, se encontraron 37 mil 520 soles. Por otro lado, en el domicilio de Pedro Abel Cóndor Canchanya, subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, se hallaron 52 mil 400 soles y 950 dólares.

Los documentos, archivos digitales y demás evidencias recolectadas durante este operativo serán trasladados a la sede de la Dirección Contra la Corrupción en Huancayo para su análisis y posterior acción legal.

Este caso representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el ámbito gubernamental, destacando la determinación de las autoridades para investigar y sancionar presuntos actos ilícitos que afecten la gestión pública y el patrimonio del Estado.

FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO

Redacción Salmón

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