En las últimas semanas, la polémica en torno al cobro del Impuesto General a las Ventas (IGV) en los servicios de streaming, como Netflix, ha captado la atención de muchos peruanos. Este nuevo escenario supone un ajuste en los costos para los consumidores, quienes deberán cubrir un monto adicional del 18% sobre el precio de sus suscripciones, al igual que ocurre con otros bienes y servicios en el país.
Este cambio, conocido coloquialmente como la «tasa Netflix», forma parte de un esfuerzo global para regular la tributación de los servicios digitales ofrecidos por empresas extranjeras, asegurando que se cumplan las mismas obligaciones tributarias que se exigen a las compañías locales.
Controversia y percepciones en el consumidor peruano
En redes sociales y diversos medios de comunicación, se ha observado un rechazo generalizado hacia la aplicación del IGV en servicios de entretenimiento digital. Sin embargo, esta medida no constituye un impuesto nuevo, sino una extensión de lo que ya se aplica a cualquier consumo formal en el país. «En Perú, el IGV es un impuesto que se aplica a la venta de bienes y la prestación de servicios, incluidos los servicios digitales», explica Juan Santiváñez, socio de BKR Santiváñez. «Esto significa que los suscriptores de Netflix deben pagar ese porcentaje adicional del 18% sobre el precio de la suscripción por concepto de IGV».
Santiváñez añade que este gravamen es un ajuste que, en términos tributarios, «ya se había demorado en aplicar». Hasta ahora, servicios como Netflix no estaban sujetos a este tributo, a diferencia de las empresas peruanas que sí deben incluir el IGV en sus precios. Por tanto, su implementación busca equiparar las condiciones del mercado, promoviendo la equidad tributaria.
Impacto económico y fiscalización del gasto público
A pesar de las críticas iniciales, es importante destacar que esta medida responde a la necesidad de formalizar el consumo digital y asegurar que todos los actores, tanto locales como extranjeros, contribuyan de manera justa al fisco peruano. La preocupación real, según algunos analistas, debería centrarse en cómo se utilizan los recursos recaudados y en la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República, entidad encargada de supervisar la correcta ejecución del gasto público.
La aplicación de esta «tasa Netflix» se implementará automáticamente en las próximas semanas, sin que los usuarios tengan que realizar ningún trámite adicional. Este ajuste refleja una tendencia internacional, donde muchos países están adoptando medidas similares para garantizar que las grandes plataformas digitales paguen impuestos en los territorios donde generan ingresos.
