Las operadoras de telecomunicaciones estarán obligadas a remitir digitalmente al Osiptel la información completa de las contrataciones de servicios móviles, según lo establece la Ley n.° 32451, promulgada por el Gobierno.
La norma endurece sanciones contra la activación y venta fraudulenta de chips, con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas, y responsabiliza a las operadoras en el proceso de comercialización.
Osiptel podrá compartir la información con la PNP y el Ministerio Público para reforzar la seguridad ciudadana y frenar el uso de líneas móviles ilegales.
