En un esfuerzo por combatir la violación, trata y explotación sexual de menores, el Poder Judicial ha anunciado medidas drásticas que podrían llevar a los propietarios de hostales a enfrentar la cadena perpetua si se demuestra su complicidad en estos delitos, según afirmó el juez superior Edhin Campos Barranzuela.
Campos destacó la igualdad de penas para autores y cómplices en casos donde las víctimas son menores de edad y las prácticas delictivas están vinculadas a organizaciones criminales. «Al permitir el acceso de personas adultas con menores a hostales, habría de parte de los dueños de estos establecimientos complicidad o conspiración para la comisión de un delito o varios como violación, secuestro extorsivo, trata, explotación sexual», advirtió el magistrado.
El juez enfatizó que el Código Penal establece la misma pena para el autor y el cómplice en estos graves delitos. «De comprobarse la complicidad podría dictarse la cadena perpetua dependiendo del caso, y las penas son severas también para propietarios que permiten el acceso de menores a establecimientos como hostales», explicó Campos Barranzuela.
Los delitos como la violación de menores de 14 años están penados con hasta cadena perpetua, ya que, según el juez, los menores y discapacitados no pueden ofrecer consentimiento. Además, Campos Barranzuela sugirió que en estos casos también podrían concurrir otros delitos, como secuestro y explotación sexual, lo que podría aumentar las penas al existir un concurso real de delitos.
El magistrado instó a los propietarios de hostales y hoteles a tomar medidas más estrictas para prevenir estos delitos, incluida la identificación de los usuarios mediante la solicitud de documentos de identidad. Advirtió que los establecimientos que no cumplan con estas medidas podrían enfrentar sanciones administrativas, como el cierre, por infringir las normas municipales destinadas a prevenir estas irregularidades.
Campos Barranzuela concluyó señalando que los propietarios de hostales y hoteles podrían ser objeto de investigaciones penales por facilitar la comisión de un delito, y la Fiscalía debería verificar las responsabilidades en el ilícito y exigir sanciones apropiadas.
