En un fallo contundente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha declarado improcedente la tutela de derechos presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones. La petición buscaba el sobreseimiento de la investigación por el delito de rebelión y la liberación inmediata del penal de Barbadillo (Ate), donde se encuentra detenido.
La defensa de Castillo Terrones basó su solicitud en la presunta vulneración al debido proceso y al derecho a la presunción de inocencia. El expresidente cuestionó el acta de intervención policial de su detención el 7 de diciembre de 2022, alegando que no se le comunicaron los hechos y delitos imputados y que su detención no se ajustaba al marco jurídico de la flagrancia.
Sin embargo, el juez Juan Checkley Soria, encargado del caso, argumentó en su resolución que la detención policial y la detención judicial preliminar ya se llevaron a cabo. Añadió que la tutela de derechos no es el mecanismo adecuado para revertir las medidas de 18 meses de prisión preventiva, destacando que existen vías específicas en el ordenamiento jurídico peruano para tales pedidos.
Durante la audiencia pública del 8 de diciembre de 2022, Pedro Castillo Terrones admitió, en presencia de su abogado de entonces, Aníbal Torres Vásquez, que tras su detención en flagrancia se le comunicaron los cargos. Además, confirmó que contó con asistencia legal, fue advertido de su derecho a abstenerse de declarar, y se declaró la legalidad de la detención policial.
La resolución judicial destaca que los argumentos presentados por la defensa ya habían sido planteados anteriormente, tanto en agosto como en septiembre de 2023, y fueron desestimados en esas instancias. Asimismo, se subraya que el 25 de enero de este año, la defensa de Castillo Terrones solicitó la nulidad de estos cuestionamientos, pero la declaración de legalidad de la detención judicial en flagrancia fue confirmada de manera definitiva por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Pedro Castillo Terrones, a través de sus abogados, ha presentado en repetidas ocasiones tutelas de derechos con los mismos cuestionamientos, sin éxito hasta la fecha.
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