El Gobierno autorizó una transferencia de S/ 34 millones 734,373 a Sedapal para financiar la continuidad del reparto gratuito de agua potable mediante camiones cisterna en zonas urbanas de Lima donde la población no cuenta con acceso al servicio y se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema. La medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.° 171-2026-VIVIENDA.
La norma establece que los recursos serán transferidos desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Unidad Ejecutora 006: Agua Segura para Lima y Callao, con cargo al presupuesto institucional del año fiscal 2026. El objetivo es asegurar la continuidad de la distribución gratuita de agua potable en sectores vulnerables que aún no acceden a la red pública.
De acuerdo con la resolución, estos fondos no podrán ser destinados a fines distintos a los autorizados, bajo responsabilidad. Además, el ministerio, por medio del programa Agua Segura para Lima y Callao, será el encargado de realizar la verificación y seguimiento del avance físico y financiero de los recursos transferidos, así como del cumplimiento de las acciones previstas en el convenio suscrito con Sedapal.
La disposición también precisa que la intervención se ejecutará conforme a criterios de priorización y zonas focalizadas ya aprobadas por el sector Vivienda, con el fin de atender a la población urbana que enfrenta mayores carencias en acceso al agua potable.
La entrega de agua por cisternas sigue siendo una de las principales medidas para abastecer a familias asentadas en sectores periféricos de Lima y Callao donde todavía no existe conexión formal a la red de agua. En esos lugares, el acceso al recurso depende de mecanismos temporales de distribución que buscan reducir brechas de servicio mientras avanzan soluciones permanentes de infraestructura. Esta última idea es una inferencia razonable a partir del objeto de la resolución y del programa Agua Segura para Lima y Callao.
Con esta transferencia, el Ejecutivo refuerza una de las acciones de emergencia social más sensibles en la capital, en un contexto donde miles de familias continúan dependiendo del abastecimiento alternativo para cubrir necesidades básicas de consumo, higiene y alimentación.
