La Asociación Civil Transparencia presentó su tercer informe de observación electoral a largo plazo sobre la segunda vuelta presidencial y puso el foco en el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al destacar el cumplimiento de los plazos constitucionales y las medidas aplicadas para reforzar la logística del proceso.
Durante la exposición del informe, José Naupari, coordinador del equipo de observación, sostuvo que el JNE afrontó un escenario particularmente exigente por la rigidez del calendario electoral, marcado por dos fechas clave: la segunda vuelta del 7 de junio y la transferencia de mando prevista para el 28 de julio.
Según explicó, ese estrecho margen de tiempo obligó al sistema electoral a tomar decisiones institucionales para asegurar que el proceso avanzara dentro de los plazos previstos. Entre ellas mencionó la determinación del Pleno del JNE de no convocar elecciones complementarias, al considerar que no existían condiciones normativas ni materiales para hacerlo.
El informe señala que, frente a ese panorama, el ente electoral optó por fijar una fecha máxima para la emisión de las actas de proclamación descentralizada por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), además de anunciar una revisión de oficio para garantizar el cierre del procedimiento.
Aunque Naupari advirtió que esta figura no aparece expresamente desarrollada en el ordenamiento electoral, reconoció que se trató de una respuesta necesaria ante la urgencia del momento y la obligación de no romper el cronograma constitucional.
En medio de los cuestionamientos surgidos por el tiempo que tomó oficializar los resultados, el informe de Transparencia concluye que el JNE se mantuvo dentro de parámetros históricos similares a los observados en procesos anteriores, como los de 2016 y 2021.
Para la organización, ese dato permite afirmar que la proclamación oficial no se apartó de la normalidad si se compara con antecedentes recientes del país.
El documento también abordó el respeto de los procedimientos formales dentro del sistema electoral. En ese punto, Naupari tomó como referencia un pedido formulado por el excandidato Rafael López Aliaga y recordó que los candidatos no tienen legitimidad para presentar solicitudes directas ante el Pleno del JNE a título personal.
En esa línea, remarcó que cualquier requerimiento debe ser canalizado por el personero legal de la organización política y tramitarse mediante los procedimientos jurisdiccionales establecidos.
Otro aspecto resaltado por Transparencia fue el esfuerzo logístico desplegado por el sistema electoral para corregir las dificultades registradas en la jornada del 12 de abril. El informe considera que hubo una mejor preparación para enfrentar la carga procesal de la segunda vuelta.
Entre las acciones destacadas figura la incorporación de 249 asistentes jurisdiccionales, distribuidos en los 60 Jurados Electorales Especiales del país, como parte del refuerzo aplicado para sostener el trabajo durante la etapa decisiva del proceso.
