La reciente aprobación de las compras corporativas obligatorias para útiles de oficina, papelería y materiales de limpieza representa un avance significativo en la gestión pública peruana. A través del Decreto Supremo N.° 001-2025-EF, el Gobierno busca optimizar los recursos estatales mediante la economía de escala, un enfoque que promete mayor eficiencia y transparencia en las adquisiciones públicas. Sin embargo, más allá de los beneficios inmediatos, esta medida plantea retos importantes que no deben pasarse por alto.
El uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como herramienta principal para estas compras consolidadas no es nuevo, pero su obligatoriedad marca un cambio trascendental. Al centralizar las adquisiciones de bienes esenciales para las entidades públicas, se espera reducir costos, eliminar redundancias y combatir la informalidad que muchas veces permea los procesos de contratación. Pero el éxito de esta estrategia dependerá, en gran medida, de la capacidad de Perú Compras para gestionar eficientemente la consolidación de la demanda y de las entidades estatales para adaptarse a este modelo sin contratiempos.
Un punto positivo de esta medida es el énfasis en la transparencia. La obligación de que Perú Compras publique informes mensuales sobre el avance de las compras corporativas y los remita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece un nivel de monitoreo que debería dificultar actos de corrupción o manejos irregulares. Sin embargo, como hemos visto en otras experiencias, la transparencia por sí sola no basta. Es necesario que exista una supervisión activa, sanciones claras para quienes incumplan las normas y una cultura organizacional que priorice la rendición de cuentas.
Por otro lado, la norma no está exenta de desafíos operativos. Si bien la obligatoriedad es un paso hacia la eficiencia, las entidades estatales deberán registrar sus requerimientos con antelación y adecuar sus procesos de compra a este esquema. En un país donde muchas instituciones aún carecen de capacidades administrativas robustas, el riesgo de retrasos o incumplimientos es alto. En este sentido, Perú Compras y el MEF tendrán que proporcionar asistencia técnica y acompañamiento continuo para evitar que las compras corporativas se conviertan en un cuello de botella.
Un aspecto crítico es el margen para realizar compras individuales mientras se seleccionan los proveedores en la plataforma electrónica. Esta disposición, aunque necesaria para cubrir necesidades urgentes, podría ser una puerta abierta para que algunas entidades eviten adherirse al esquema obligatorio. Aquí será crucial garantizar que estas excepciones estén debidamente justificadas y supervisadas.
La duración de esta medida, hasta diciembre del 2025, es una oportunidad para evaluar su impacto real. ¿Se lograrán los ahorros previstos? ¿Aumentará la calidad de los bienes adquiridos? ¿Se fortalecerá la transparencia en la gestión pública? Estas preguntas solo podrán responderse si se realiza un seguimiento riguroso y, al término del periodo, una auditoría integral de los resultados obtenidos.
El Decreto Supremo N.° 001-2025-EF es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero para que se traduzca en un cambio significativo, las entidades públicas deben asumir esta obligación no solo como una imposición normativa, sino como una oportunidad para modernizar sus procesos y responder de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía.
