El Congreso ha aprobado una nueva ley destinada a fortalecer las cadenas productivas mediante el programa Procompite, asegurando el desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología a sectores clave de la economía. Este apoyo se orienta hacia proyectos de inversión que superen las 2,000 unidades impositivas tributarias, integrándose en el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional de Apertura bajo responsabilidad funcional.
La implementación, ejecución y evaluación del impacto de estas iniciativas seguirán procedimientos y metodologías aprobados por la entidad competente. Es importante destacar que no se permitirá la entrega directa de dinero a los beneficiarios ni el financiamiento de gastos operativos y de mantenimiento.
La nueva normativa excluye la aplicación de las directrices del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva. Además, aclara que los gobiernos locales no obligados pueden decidir si implementan estas iniciativas de manera facultativa.
Financiamiento garantizado
Para financiar las iniciativas del programa Procompite, la ley estipula que los gobiernos regionales y locales destinen entre el 5% y el 15% de sus recursos presupuestados a proyectos de inversión. Quedan exceptuados de esta disposición los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proporcionará mecanismos que faciliten la ejecución de estos recursos públicos dentro de un ejercicio presupuestal anual, siempre que se hayan asignado fondos para proyectos de Apoyo a la Competitividad Productiva.
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