El acceso a una vivienda de interés social con apoyo del Estado podría quedar sujeto a reglas más estrictas. Un proyecto de reglamento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento plantea que los beneficiarios de subsidios habitacionales deberán habitar el inmueble como residencia habitual durante los primeros cinco años y no podrán alquilarlo en ese periodo.
La propuesta, actualmente en consulta pública, busca reforzar el objetivo social de estos programas y evitar que viviendas financiadas con recursos estatales sean utilizadas como fuente de renta. Según el reporte, si el beneficiario decide arrendar el inmueble, dejar de habitarlo o incumplir las condiciones del subsidio, no solo perdería el acceso a futuros apoyos del Estado, sino que además tendría que devolver el subsidio recibido junto con los intereses legales generados desde su desembolso.
Las viviendas de interés social (VIS) están orientadas a facilitar el acceso a una casa propia mediante subsidios y mecanismos de apoyo del Fondo Mivivienda para familias que cumplen requisitos específicos. En ese marco, el proyecto reglamentario busca asegurar que el beneficio se destine efectivamente a resolver una necesidad habitacional y no a financiar operaciones con fines de alquiler.
Otro de los cambios planteados es la creación del Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), donde deberán inscribirse los proyectos de vivienda de interés social para poder acceder a los distintos beneficios estatales. La propuesta también fija parámetros técnicos para estas viviendas: como regla general, se establece un área inicial de 35 metros cuadrados, aunque de manera excepcional podrían desarrollarse unidades desde 25 metros cuadrados, siempre que cumplan con las condiciones de habitabilidad y seguridad exigidas por la normativa.
El proyecto incorpora además un régimen de supervisión y sanciones para promotores y proyectos que incumplan las disposiciones vinculadas a la vivienda social. Ese punto apunta a dar mayor control sobre el uso de los subsidios y sobre la calidad de los desarrollos que ingresen a este segmento.
La relevancia del cambio está en que, si bien la Ley de Vivienda de Interés Social ya restringía la transferencia de estos inmuebles durante los primeros cinco años, no establecía de forma expresa la prohibición de alquilarlos ni obligaba claramente a que fueran habitados por sus propietarios durante ese periodo. El nuevo reglamento desarrolla precisamente esas condiciones.
De aprobarse en esos términos, el mercado de vivienda social entraría a una nueva etapa regulatoria: una en la que el subsidio estatal estaría más vinculado al uso efectivo de la vivienda como hogar y menos expuesto a fines especulativos. Para miles de familias que buscan acceder a una casa propia, el cambio podría redefinir no solo las condiciones del beneficio, sino también las obligaciones que asumirán durante los primeros años de tenencia.
