El Poder Judicial ha resuelto dictar 36 meses de prisión preventiva contra Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, exfuncionarios de Provías Descentralizado durante el gobierno de Martín Vizcarra, quienes se encuentran inmersos en presuntos actos de corrupción relacionados con el caso conocido como «Los Intocables de la Corrupción».
La decisión fue tomada por el juez Miguel Quevedo Melgarejo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien fundamentó la medida con el propósito de evitar posibles obstaculizaciones en la investigación de la Fiscalía. Los exfuncionarios están siendo investigados por el presunto direccionamiento de obras dentro de Provías Descentralizado desde el año 2018.
El magistrado Quevedo Melgarejo afirmó que existe un «nivel de sospecha grave» en relación con los presuntos delitos de colusión agravada, organización criminal y lavado de activos imputados a Revilla y Villafuerte. A pesar de que Alcides Villafuerte se acogió a la colaboración eficaz, el juez señaló la presencia de evidencia que cuestiona su lealtad en el desarrollo de las investigaciones y la posibilidad de riesgo de fuga en su caso.
En cuanto a Carlos Revilla, el magistrado destacó que, aunque cuenta con arraigo familiar y domiciliario, carece de arraigo laboral de calidad y registra numerosas salidas del país en su historial migratorio.
Ambos exfuncionarios se encuentran detenidos desde el pasado 30 de enero. Al finalizar la audiencia, Carlos Revilla anunció su intención de apelar la decisión del juez, mientras que Alcides Villafuerte expresó conformidad con la medida.
Contexto del caso «Los Intocables de la Corrupción»
Según las investigaciones del EFICCOP (Equipo Especializado en Investigación del Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios), Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, junto con otros aún no identificados, habrían formado parte de una presunta organización criminal denominada «Los Intocables de la Corrupción», liderada por el exmandatario Martín Vizcarra, entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, no descartándose su continuidad operativa.
La Fiscalía sostiene que los implicados habrían concertado con individuos particulares para obtener y firmar contratos de contrataciones públicas. Carlos Revilla, quien se desempeñó como subgerente de obras de Vizcarra durante su periodo como presidente regional de Moquegua, habría sido designado por este último como director ejecutivo de Provías Descentralizado al asumir la presidencia de la república.
Desde este cargo, Revilla habría recibido directivas para «promover lobbies ilícitos» en favor de los intereses de la presunta organización criminal, estableciendo conexiones con otros funcionarios como Alcides Villafuerte y Elizabeth Ugarte.
La disposición judicial indica que Revilla «habría desplegado acciones tendientes a direccionar las contrataciones públicas con el objetivo de lograr captar el 3.5% de los costos directos de cada convocatoria pública». Además, la Fiscalía sostiene que Revilla mantenía contacto directo con Martín Vizcarra, informándole sobre las actividades ilegales y los ingresos económicos recaudados por Alcides Villafuerte, producto de las acciones colusorias en el marco del plan criminal.
Según la acusación, Revilla era el «principal concentrador de las coimas», distribuyendo porcentajes a diversas personas, entre ellas Edmer Trujillo (ministro de Transportes), Carlos Estremadoyro (viceministro de Transportes), Hugo Missad Trabucco (asesor de Revilla), Elizabeth Ugarte Manrique (coordinador de abastecimiento) y Juan José Enciso (miembro de comités de selección), entre otros aún no identificados.
