El Gobierno impulsará una reforma del canon minero para modificar la forma en que se distribuyen estos recursos y lograr que una parte llegue directamente a las comunidades ubicadas cerca de las operaciones extractivas, anunció el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.
Durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sostuvo que el actual esquema de distribución no siempre permite que los beneficios de la actividad minera sean percibidos por las poblaciones que viven en las zonas de influencia.
“Tenemos que lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas, a los entornos mineros”, señaló Shinno al explicar el objetivo de la propuesta.
Según el ministro, esos recursos deberían destinarse principalmente a cerrar brechas de infraestructura básica en los territorios donde se desarrollan proyectos mineros.
Minem cuestiona actual distribución del canon
Shinno indicó que actualmente los recursos del canon son transferidos a gobiernos regionales y locales, pero advirtió que en algunos casos las inversiones se concentran en las capitales provinciales o distritales y no llegan directamente a las comunidades cercanas a las operaciones.
El ministro también cuestionó la calidad de algunas inversiones ejecutadas con estos fondos y mencionó problemas de corrupción como una de las razones para evaluar cambios estructurales en el sistema.
La propuesta buscará, por ello, establecer mecanismos que obliguen a destinar una parte del canon a las poblaciones de las zonas de influencia minera.
El Ejecutivo todavía deberá definir los porcentajes, criterios de distribución y cambios normativos necesarios para implementar esta reforma.
Gobiernos locales también deberán mejorar ejecución
El ministro reconoció que modificar la distribución del canon no resolverá por sí sola los problemas existentes.
A su juicio, será necesario fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y provinciales para que puedan ejecutar los recursos oportunamente y convertirlos en obras y servicios concretos para la población.
“Nos va a faltar un tramo más que es ver cómo fortalecemos la capacidad de los gobiernos locales y provinciales”, señaló.
Reforma también apunta a prevenir conflictos sociales
Shinno vinculó la propuesta con un cambio en la manera en que el Estado aborda los conflictos vinculados con actividades minero-energéticas.
Según explicó, la intervención pública no debería comenzar cuando el conflicto ya se encuentra activo, sino desde etapas previas, mediante una planificación conjunta del desarrollo de cada territorio.
En ese sentido, planteó avanzar hacia una gobernanza territorial preventiva, en la que el Estado, las empresas y las comunidades participen en la definición de prioridades y necesidades de inversión.
La reforma anunciada busca que las poblaciones que conviven directamente con la actividad minera puedan percibir con mayor claridad sus beneficios económicos, aunque el Gobierno todavía deberá desarrollar el mecanismo concreto y las modificaciones legales necesarias para cambiar el actual esquema del canon.
